LaLiga acusada de falsificar firmas en más de 1.300 procesos judiciales

En Madrid, la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte ha presentado este lunes una querella contra LaLiga por usar sin autorización la firma de tres inspectores de su unidad antipiratería en más de 1.300 expedientes judiciales contra bares que emitían fútbol sin licencia.

Denuncia y cargos contra LaLiga

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, fue citado por Europa Press en la cobertura del caso. LaLiga ha sido denunciada por emplear sin consentimiento la rúbrica de varios empleados de su unidad antipiratería en más de 1.300 procedimientos judiciales contra establecimientos que supuestamente emitían fútbol sin licencia. El documento de la querella, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se interpuso este lunes ante la sección de instrucción correspondiente del Tribunal de Instancia de Madrid. La entidad demandante está presidida por Miguel Ángel Galán.

Según la acusación, el organismo dirigido por Javier Tebas enfrenta los delitos de falsedad continuada en documento privado, uso en juicio de documento privado falso y estafa procesal. La denuncia proviene tanto de la asociación como de dos de los verificadores cuya firma fue supuestamente utilizada sin su autorización. Entre los querellados figura Alberto Díaz, director del Departamento HORECA de LaLiga durante los hechos, junto a los responsables del departamento jurídico, de negocio audiovisual nacional y del área de sistemas que diseñaron el sistema de inserción de firmas.

Uso no autorizado de firmas

El diario ha revelado que la patronal del fútbol empleó sin consentimiento la rúbrica de varios trabajadores de la unidad HORECA, cuyo servicio antipiratería no supervisaba esas inspecciones. Lidia E., coordinadora nacional de Verificación, solicitó a tres inspectores que plasmaran su firma manuscrita en una hoja en blanco. Posteriormente, esas firmas fueron digitalizadas y empleadas en los informes de verificación incorporados a los procedimientos judiciales.

Uno de los afectados preguntó el motivo, y le respondieron que se trataba de una medida provisional hasta obtener su autógrafo individualizado. El inspector nunca fue informado del fin al que servía su firma en la hoja en blanco. Meses después, otro directivo de LaLiga, Alberto D., volvió a solicitar a los tres trabajadores que dejaran su firma en un nuevo folio.

Con el tiempo, los empleados descubrieron sus rúbricas estampadas en expedientes judiciales. Las firmas figuraban bajo la expresión “Fdo. Supervisores de expedientes”, acompañadas de su número de DNI. Ninguno de los tres verificadores tenía entre sus funciones la revisión de dichos expedientes, según detalla la querella.

Las rúbricas aparecían sin que los verificadores hubieran visitado los locales que supuestamente emitían fútbol ilegal, ni revisado actas, fotografías o valorado el expediente. Ellos desempeñaban el cargo de verificadores expertos, no de supervisores de expedientes. La inserción de la firma llegó a 1.300 expedientes judiciales contra bares y establecimientos hosteleros, abarcando informes entre marzo y mayo de 2025.

La comparación de imágenes muestra que las firmas son idénticas píxel a píxel, habiendo sido recortadas de un folio en blanco y pegadas en más de 1.350 informes de toda España en las oficinas de LALIGA. Todo el proceso se realizó sin el consentimiento de los tres verificadores expertos, cuyas firmas y DNI contenía, y sin que ninguno de ellos hubiera revisado, supervisado o validado los expedientes. De los 1.352 informes, únicamente 73 corresponden a inspecciones realizadas personalmente por el denunciante; los 1.279 restantes documentan inspecciones de otros verificadores de la plantilla de LaLiga y de la empresa contratista Salesland, que el denunciante nunca revisó, auditó ni validó.

El denunciante, cuya zona de trabajo era la Comunidad de Madrid, aparece supervisando inspecciones realizadas, por ejemplo, en Santurce (Vizcaya) por verificadores de Salesland, en Lorca (Murcia) y en Oviedo. El escrito argumenta que resulta materialmente imposible que un solo verificador haya auditado 1.352 expedientes en diez semanas, ya que los informes indican inspecciones de apenas un minuto de duración.