Justicia lleva a Aganzo y nueve al Tribunal del Jurado por espionaje

La Justicia ha acordado que la investigación contra David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), y otras nueve personas continúe por los trámites del Tribunal del Jurado por presunto cohecho y revelación de secretos en la supuesta obtención ilegal de información tributaria de Futbolistas ON.
Orígenes de la investigación
El auto judicial, fechado el 16 de noviembre y accesible a EL ESPAÑOL, fue dictado por la magistrada Marta Alba Tenza del Tribunal de Instancia de Elche, quien consideró que existen indicios suficientes para investigar ambos delitos, a diferencia de la Fiscalía que había solicitado continuar solo por revelación de secretos.
La decisión supone un importante avance para Futbolistas ON, que ejerce la acusación particular y había pedido expresamente que el procedimiento siguiera por el Tribunal del Jurado.
Los hechos se remontan a marzo de 2019, cuando un funcionario de la Agencia Tributaria destinado en Elche accedió sin autorización en cuatro ocasiones a los datos tributarios de Futbolistas ON, descargando el modelo 347 del ejercicio 2018 que contenía información reservada sobre sus operaciones económicas.
El juez aprecia indicios de que el funcionario recibió 3.000 euros a cambio de facilitar dicha documentación, dinero aportado por seis personas vinculadas a la AFE, entre ellas su presidente David Aganzo, su entonces director jurídico Gonzalo de Medinilla, su secretario general Diego Rivas y otros miembros y trabajadores de la organización.
El auto recoge expresamente que los investigados sabían que el dinero se destinaba a conseguir información tributaria de Futbolistas ON para utilizarla posteriormente contra ese sindicato.
La documentación habría llegado al propio despacho de Aganzo en la sede de la AFE en Madrid.
Según la investigación, el 11 de marzo de 2019 se celebró una reunión en la que Antonio Sáiz Checa entregó al presidente de la asociación el documento fiscal obtenido, en presencia de otros responsables sindicales.
Posteriormente, una fotografía del documento apareció publicada en la prensa.
Dos testigos, Xavier Oliva González y Sergio Piña Cousillas, manifestaron que se les había solicitado dinero antes de una reunión de la junta directiva de la AFE y que, según les trasladaron, el objetivo era "destruir o cargarse" Futbolistas ON.
Estas declaraciones se añaden a los informes de la Agencia Tributaria, testimonios de investigados, grabaciones y documentación sobre llamadas y publicaciones periodísticas.
La magistrada considera que estos elementos permiten apreciar indicios racionales de cohecho pasivo respecto del funcionario público, cohecho activo respecto de los otros nueve investigados y participación de todos ellos en un presunto delito de revelación de secretos.
Un aspecto relevante es que la magistrada no comparte la posición del Ministerio Fiscal, que había defendido continuar la investigación por el procedimiento abreviado sin mantener la imputación por cohecho.
La jueza entiende, por el contrario, que existe una conexión directa entre el presunto pago al funcionario y la obtención de información tributaria confidencial.
Por ello, considera necesario que ambos delitos se investiguen conjuntamente para evitar resoluciones contradictorias.
La decisión no implica todavía la apertura del juicio oral ni supone una declaración de culpabilidad, pero sí mantiene abierta la investigación penal por ambos delitos y determina su continuación por los trámites del Tribunal del Jurado.
La magistrada ha convocado a los diez investigados el próximo 9 de diciembre a las 10:30 horas a una comparecencia en la que las partes podrán concretar las imputaciones, solicitar el archivo de las actuaciones o interesar nuevas diligencias de investigación.
La resolución, que todavía puede ser recurrida, vuelve a colocar bajo el foco judicial a la dirección de la AFE por hechos que trascienden una simple disputa entre organizaciones sindicales.
Lo que investiga la Justicia es si responsables de la principal asociación de futbolistas españoles participaron en la financiación de una operación destinada a obtener ilegalmente información tributaria confidencial de otro sindicato para perjudicarlo.
El caso plantea también una cuestión de responsabilidad institucional: cómo puede afectar a la credibilidad de una organización encargada de defender los derechos de los futbolistas que su presidente y varios de sus responsables permanezcan investigados por una presunta operación de espionaje fiscal contra una organización rival.