Caso Supercopa Camps investigado tras declaración de García Silvero

Andreu Camps, exsecretario general de la RFEF, ha sido citado como investigado en el Caso Supercopa después de la declaración de Miguel Ángel García Silvero y una reunión entre el fiscal José Miguel Alonso Carbajo y el abogado de LaLiga, confirmada por EL ESPAÑOL; su comparecencia está prevista para el 20 de noviembre.

La causa judicial sobre la gestión de Luis Rubiales en la Federación Española de Fútbol (RFEF) amplía su perímetro más de cuatro años después de su apertura.

Cambios procesales y citación

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, citó a Camps como investigado, convirtiendo su anterior condición de testigo en la de imputado. El cambio procesal resulta relevante porque Camps ya había comparecido como testigo antes de ser citado como investigado. Antes de conocerse la decisión, a las puertas del juzgado se produjo un encuentro entre el fiscal José Miguel Alonso Carbajo y el abogado de LaLiga, Francisco Martínez Fernández, que duró aproximadamente una hora. EL ESPAÑOL confirmó que la conversación tuvo lugar al salir de la declaración de García Silvero, celebrada hace dos semanas.

Desarrollo de la investigación

La sesión de García Silvero comenzó alrededor de las nueve y media y finalizó cerca de las once de la mañana. García Silvero, responsable de Infraestructuras de la RFEF, compareció por su intervención en la adjudicación de obras que examina el juzgado. Tras los interrogatorios, el representante de la Fiscalía Anticorrupción y el letrado de LaLiga permanecieron conversando cerca del edificio judicial.

Según fuentes, García Silvero señaló la intervención de Camps en decisiones relacionadas con obras federativas, lo que precedió a la citación de Camps como investigado. La jueza permite a Camps acudir asistido por abogado, guardar silencio y no declarar contra sí mismo, basándose en declaraciones recientes de otros investigados. Fuentes indican que García Silvero fue preguntado sobre presupuestos y procedimientos de adjudicación y que mencionó a Camps dentro del circuito de decisiones.

García Silvero está investigado por su participación en contratos adjudicados a la constructora Gruconsa, que la Guardia Civil considera pudo haber elaborado presupuestos simulados. Un informe de la Unidad Central Operativa sitúa a Camps comunicando la aceptación de una oferta de Gruconsa y la puesta en marcha de los trabajos antes de la valoración formal de la Comisión Económica.

El responsable de Infraestructuras fue apartado de sus funciones en marzo de 2024, aunque mantuvo su relación laboral y salario mientras se aclaraba su situación judicial. Entre sus funciones estaban informar sobre obras necesarias y preparar ofertas que luego llegaban a los órganos económicos de la RFEF.

Miguel Ángel García Silvero es hermano de Emilio García Silvero, director de Servicios Jurídicos y de Cumplimiento de la FIFA, quien trabajó antes en la RFEF y la UEFA antes de incorporarse a la FIFA en 2018. LaLiga actúa como acusación particular desde abril de 2024, alegando que parte de los fondos entregados a la Federación pudieron destinarse a fines distintos.

El fiscal José Miguel Alonso Carbajo pertenece a la Fiscalía Anticorrupción desde 2002 y lideró en 2022 las primeras diligencias sobre la gestión de Luis Rubiales. Antes de que el caso llegara al juzgado, Carbajo solicitó documentación a la Agencia Tributaria, al Consejo Superior de Deportes, a la Intervención General del Estado y a la RFEF sobre el contrato que trasladó la Supercopa a Arabia Saudí y las relaciones con las empresas de Gerard Piqué.

El mismo fiscal también intervino en el caso SGAE, donde la Fiscalía solicitó penas de entre dos y doce años y medio de prisión por varios delitos. La Audiencia Nacional absolvió en 2021 a Teddy Bautista y a otros nueve acusados, concluyendo que no se había probado un desvío penalmente reprochable de los fondos; Bautista también fue absuelto en otro proceso sobre la adquisición de los teatros Lope de Vega y Coliseum, donde la Fiscalía pedía cuatro años de cárcel.